Se pueden distinguir dos ámbitos de contratación, según ésta se realice en el marco de lo público y de lo privado. A su vez, la Constitución Nacional, como norma suprema, irradia sus principios en todas las relaciones jurídicas, regulando estos ámbitos y por ende, ambos tipos de contrataciones.

El régimen general de la contratación estatal es el contenido en el denominado Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública – EGCAP, contenido principalmente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes, así como en el decreto único de sector 1082 de 2015.

Las entidades sujetas a la contratación pública son: La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, funcionan bajo el sistema y la normatividad de contratación estatal.

Sin perjuicio de lo anterior, existen excepciones legales a este régimen general, denominados regímenes especiales de contratación, algunas sometidas al derecho público (v.gr. minas o petróleos) y otras al derecho privado (por ejemplo, servicios públicos domiciliarios, educación superior, sector financiero, etc.). En uno y otro caso, estos regímenes especiales aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Contratación Pública

La contratación pública es una herramienta que permite establecer las reglas del juego entre el Estado y sus proveedores, de tal suerte que el primero tiene la función obligatoria de defender los intereses del Estado y el segundo sujetarse o someterse a las reglas impuestas por las entidades públicas.

El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 señala que las actuaciones en la contratación estatal se desarrollan bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad y los que rigen la función administrativa (artículo 209 de la Constitución). En la misma ley y en la Ley 1150 de 2007, se encuentran referencias a los principios de planeación, de selección objetiva y al debido proceso.

Las etapas por medio del cual se desarrolla la actividad contractual son las siguientes:

1. Licitación pública
2. Selección abreviada
3. Concurso de méritos
4. Contratación directa
5. Mínima cuantía

Contratación privada

El legislador ha diferenciado al derecho privado la regulación de los contratos que suscriben ciertas entidades públicas, bien a través de una norma que excluye la aplicación de la Ley 80 de 1993 a la gestión contractual de la respectiva entidad o a través de la remisión expresa del derecho privado o a las normas especiales que rigen la respectiva actividad, buscando, en últimas, la inaplicación de los enunciados normativos especiales contenidos en la citada Ley 80, en ese sentido a continuación se presentan, a titulo enunciativo, las entidades o contratos exceptuados del ámbito de aplicación de la ley 80 así:

Cabe agregar, que las entidades con régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratación.

Colombia Compra Eficiente definió en los Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación el contenido mínimo de los manuales, los cuales deben contener, entre otros elementos, lo siguiente:

1. Una descripción detallada de los procedimientos para seleccionar a los contratistas
2. Los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos
3. Los criterios de evaluación y desempate
4. El contenido que deben tener las propuestas
5. Los procedimientos para la aplicación de las restricciones de la Ley 996 de 2005
6. Todos los demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Compra Pública en todas las etapas del Proceso de Contratación, con base en su autonomía

Colombia Compra Eficiente recomienda que los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de régimen especial tengan las mismas etapas de las demás Entidades Estatales, es decir, que tenga una etapa en la que planeen las compra que van a realizar, otra en la que se lleve a cabo la selección del contratista, otra correspondiente a la suscripción y legalización del contrato y por último una etapa que corresponda a la ejecución y terminación del Proceso de Contratación.